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Resumen
Introducción
El derecho de acceso a la información pública parte del presupuesto de obtención, por parte de la población, de los datos que se encuentren en manos del Estado, ya sea por la existencia de una obligación positiva sobre este de poseerlos, o bien con motivo del desenvolvimiento de su aparato burocrático.
Esta concepción se desprende tanto del derecho internacional de los derechos humanos, como del marco constitucional y de las normativas locales que han adoptado en los últimos años los países de la región con el fin de brindar herramientas concretas a la ciudadanía para acceder a la información en poder del Estado (Brasil, 2011; Chile, 2008; Paraguay, 2014 y Uruguay, 2008). Esta tendencia puede comprenderse a partir de la incorporación plena de la cuestión del acceso a la información en la agenda internacional –en particular mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) trazados por la Organización de Naciones Unidas para 2030–3 así como por los procesos de incidencia que han tenido lugar en diversos países de América Latina y que aportaron a consolidar el concepto de ciudadanía desde una perspectiva comunicacional. […]