Resumen
El último 30 de setiembre, el presidente Martín Vizcarra disolvió constitucionalmente el Congreso peruano, como último recurso para soliviantar una grave crisis política, social y económica que atravesamos. A diferencia de las masivas manifestaciones en Ecuador y Chile, el extendido descontento social en el Perú ha encontrado en la disolución una suerte de respiro, pero las condiciones estructurales se mantienen intactas. Negando su calidad de ciudadanos a los actores sociales, la élite política e intelectual se ha limitado a discutir la crisis únicamente en torno a la interpretación constitucional y a sus efectos institucionales. En este artículo sostengo que las calles, como le denomino con ánimo simplificador, fueron gravitantes para legitimar una decisión altamente controvertida.