Resumen
El proyecto de la creación de un centro de detención para migrantes en el barrio de Barracas, anunciado por la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio de Interior y el Ministerio de Seguridad, encendió las alertas sobre la continuidad del enfoque en derechos humanos que ha caracterizado al desarrollo normativo y ha acompañado la política migratoria argentina de los últimos años.
La llamada “complementación estatal en aplicación de la ley migratoria” es un convenio firmado por las autoridades nacionales y las de la Ciudad de Buenos Aires para la internación de extranjeros con antecedentes penales o ingreso irregular al país, que marca paradójicamente la concreción de una tramposa asociación entre la problemática migratoria y el paradigma de la seguridad nacional planteando una clara contradicción entre las obligaciones jurídico-políticas asumidas por el Estado –al reconocer la migración como un derecho humano esencial e inalienable– y sus prácticas concretas que van a contrapelo de los derechos establecidos.